
Durante el pasado mes de julio, España registró una cifra histórica al generar 7.696 GWh de electricidad mediante energía solar fotovoltaica. Sin embargo, este avance tecnológico se enfrenta a una realidad crítica: el 11% de toda esa energía generada no pudo ser aprovechada y terminó siendo descartada por el sistema.
Este fenómeno, conocido técnicamente como curtailment o recorte renovable, ocurre cuando la infraestructura de transporte y distribución es incapaz de evacuar la totalidad de la energía producida. El operador del sistema, Red Eléctrica, se ve obligado a solicitar a los parques solares y eólicos que detengan su producción para evitar desequilibrios en la red, bajo un mecanismo denominado ERNI (energía renovable no integrable).
La desconexión entre producción y consumo
El problema principal radica en que la infraestructura eléctrica española no fue diseñada para absorber los niveles actuales de producción en regiones donde la demanda es moderada, creando cuellos de botella constantes. Según datos de APPA Renovables, el desperdicio de energía en 2025 pudo superar el 20% de la capacidad generable total, una cifra que ilustra la brecha entre la capacidad de generación y la capacidad de transporte.
Ante esta situación, empresas del sector han comenzado a ajustar sus estrategias. Iberdrola ha anunciado una inversión de 58.000 millones de euros hasta 2028, centrando gran parte de sus esfuerzos en el desarrollo de redes de transporte y distribución. Por su parte, Endesa ha reajustado su presupuesto para energías renovables en su plan 2026-2028, priorizando la optimización de los activos existentes.
El papel clave del almacenamiento y las interconexiones
Para solucionar este desequilibrio, expertos señalan dos vías fundamentales. En primer lugar, la mejora de las interconexiones con Francia para reducir el aislamiento eléctrico de España. En segundo lugar, y como medida más inmediata, el despliegue de baterías a gran escala que permitan almacenar el exceso de producción en las horas pico.
A agosto de 2026, España cuenta con una potencia de baterías instalada de 260,8 MW, habiendo crecido desde los 221 MW registrados en mayo del mismo año. Actualmente, existen permisos concedidos para la instalación de 22 GW adicionales, un movimiento que resulta esencial para evitar que el excedente energético siga perdiéndose.



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