El Gobierno de España ha comenzado a restringir la firma de nuevos contratos con Palantir, la tecnológica estadounidense especializada en análisis de datos. Aunque no existe una directriz oficial por escrito, diversas empresas públicas, incluidas las adscritas a la SEPI, han recibido indicaciones para evitar nuevos acuerdos con la compañía de Peter Thiel y Alex Karp. Esta medida sitúa a España en línea con otros países europeos como Francia o Alemania, que mantienen cautela ante el manejo de información sensible por parte de empresas estadounidenses con estrechos vínculos en Washington.
El dilema del contrato con el CIFAS
A pesar de estas restricciones, el vínculo más estratégico permanece vigente. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) mantiene un contrato con Palantir valorado en 16,5 millones de euros, cuya vigencia finaliza en noviembre de 2026. Según reportes internos, los mandos militares han mostrado reticencias a prescindir de esta tecnología, argumentando que actualmente no existe una alternativa en el mercado con capacidades equivalentes para la gestión de datos militares.
Contraste con la estrategia de la OTAN
La situación genera una paradoja operativa. Mientras Moncloa desliza este veto interno, la OTAN ha oficializado recientemente que el sistema Maven Smart System de Palantir será su plataforma operativa estándar para la gestión de datos militares. España, como socio de la Alianza, ha respaldado esta decisión a nivel internacional, creando una contradicción entre la política exterior de defensa y las directrices aplicadas a nivel doméstico. La decisión final sobre si renovar el contrato del CIFAS en noviembre servirá como indicador para determinar si esta política de exclusión es una postura diplomática firme o una medida de alcance limitado.
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