El movimiento Stop Killing Games sufre una dura derrota en California

El movimiento Stop Killing Games, que busca blindar legalmente los videojuegos contra el cierre definitivo de servidores, ha sufrido un importante revés en Estados Unidos. La propuesta legislativa conocida como Protect Our Games Act, que pretendía obligar a las desarrolladoras a mantener los juegos jugables tras el cese de sus servicios online, ha sido rechazada en el Senado estatal de California.

El cierre de servidores como The Crew motiva la iniciativa Stop Killing Games

La iniciativa había logrado superar una votación inicial en la Asamblea Estatal con un amplio respaldo. Sin embargo, el proyecto no alcanzó la mayoría necesaria en el Senado debido a la falta de votos a favor y a una serie de abstenciones que, en la práctica, actuaron como un bloqueo efectivo para el avance de la normativa durante la presente sesión legislativa.

Implicaciones de la ley y el futuro del movimiento

De haberse aprobado, la ley habría obligado a los estudios a ofrecer alternativas de juego offline, permitir servidores privados o realizar devoluciones íntegras de dinero tras el cierre de servicios. Además, impondría un preaviso obligatorio de 60 días antes de cualquier desconexión. Esta derrota representa un obstáculo significativo, dado que California alberga a más de 900 empresas clave del sector, incluyendo gigantes como Activision Blizzard, EA Sports y Riot Games.

Anthem es uno de los títulos citados por el movimiento tras perder acceso a su contenido

A pesar del resultado, los impulsores de Stop Killing Games han confirmado que no abandonarán la causa. El movimiento planea reorganizarse para buscar apoyos en otros estados y elevar sus reclamaciones a un nivel nacional, tras haber experimentado previamente una respuesta similar en la Unión Europea, donde las autoridades optaron por promover un código de conducta voluntario en lugar de una ley vinculante.

Gráfico sobre la situación legal de los videojuegos

El objetivo a largo plazo sigue siendo convertir a las políticas de preservación digital en un estándar de la industria, argumentando que los consumidores merecen mantener el acceso a los productos digitales que adquieren incluso cuando los desarrolladores deciden retirar el soporte técnico para sus servidores.

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