La
Guardia Civil ha formalizado una inversión de aproximadamente 2,5 millones de euros para la adquisición de un sistema avanzado capaz de acceder de forma remota al contenido de dispositivos
Android e
iPhone. Según la información publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 19 de octubre, el contrato asciende a 2.066.115,70 euros, excluyendo impuestos, y dota al cuerpo de tecnología diseñada para registrar información en terminales sin que el usuario sea notificado del proceso.
Marco legal y alcance de la herramienta
El uso de este tipo de sistemas está amparado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vigente desde 2015. El despliegue de esta tecnología está estrictamente limitado a investigaciones sobre organizaciones criminales, delitos informáticos, terrorismo o delitos contra menores, entre otros supuestos graves. La normativa establece que el acceso a los datos de un dispositivo requiere obligatoriamente una
orden judicial previa, que valida la existencia de indicios de delito.
Una vez obtenida la autorización judicial, las fuerzas de seguridad cuentan con un periodo de tiempo determinado, que oscila entre uno y tres meses, para realizar el análisis de los terminales intervenidos. Es importante destacar que este sistema no permite la vigilancia indiscriminada de la población, sino que actúa bajo supervisión legal dentro de procesos de investigación específicos.
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