Ayuntamientos aragoneses vs. Amazon: el conflicto por el IAE de los data centers

Los municipios de El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego han iniciado una reclamación formal contra Amazon Web Services (AWS) por la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). La controversia surge porque la multinacional tributa este impuesto mediante una cuota de ámbito nacional en Madrid, dejando fuera a las localidades aragonesas que albergan las infraestructuras físicas de sus centros de datos. Centro de datos de Amazon Web Services en Aragón

El impacto económico en los municipios

Los ayuntamientos afectados defienden que el IAE debe liquidarse en el territorio donde se produce la actividad económica real. Según estimaciones basadas en la documentación del Plan de Interés General de Aragón (PIGA), las cifras reclamadas ascienden a cientos de miles de euros acumulados desde 2022. La situación se agrava ante la perspectiva de nuevas construcciones, lo que ha llevado a representantes locales a condicionar futuros convenios a un acuerdo económico que compense la falta de recaudación local y la pérdida del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Desafíos técnicos y consumo de recursos

La expansión de estos campus en Aragón ha disparado el debate sobre el consumo de recursos. El consumo eléctrico en la región experimentó un incremento del 7,1% en 2025, un salto vinculado directamente al despliegue de los complejos de datos. La capacidad de demanda proyectada, que podría superar el consumo total de la comunidad autónoma en 2024, pone sobre la mesa interrogantes técnicos sobre la estabilidad de la red y la gestión de picos de potencia. Infraestructura de centro de datos En cuanto al uso de agua, fundamental para la refrigeración de los servidores, las cifras presentadas por las compañías han sido objeto de escrutinio por parte de comunidades de regantes y plataformas vecinales. Mientras las empresas subrayan porcentajes bajos respecto a la demanda industrial total, los colectivos locales advierten sobre el impacto directo en la disponibilidad hídrica para otros usos, como la agricultura, sumando presión a un modelo de implantación tecnológica que enfrenta fricciones similares en otros puntos de España, Europa y Estados Unidos.

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