La Generalitat de Cataluña ha iniciado negociaciones con el Gobierno central para modificar el Código Penal y endurecer las penas contra el robo de
cable de cobre. El objetivo es dejar de clasificar estas sustracciones como hurtos leves y establecer penas de prisión directas, ante el impacto desproporcionado que estos actos generan en la infraestructura pública.
El problema se ha vuelto insostenible, paralizando servicios esenciales como el transporte ferroviario, semáforos y redes de telefonía. Solo en los primeros ocho meses de 2026, Adif registró 229 denuncias en territorio catalán, superando ya las cifras totales de años anteriores. La alta cotización del metal en mercados internacionales, impulsada por la demanda de centros de datos de inteligencia artificial y tecnología eléctrica, ha convertido al cobre en un activo extremadamente lucrativo para bandas criminales.
Impacto en la infraestructura ferroviaria
La red de Rodalies, especialmente la línea R3 entre L'Hospitalet y Puigcerdà, ha sufrido 63 robos de cable en lo que va de 2026. Esta situación ha forzado al Ministerio de Transportes a activar contratos de emergencia por 17 millones de euros para reponer 70 kilómetros de cableado e instalar sistemas de vigilancia. La inestabilidad provocada por estos robos ha obligado a retrasar la reapertura completa de servicios hasta principios de 2027, afectando a miles de viajeros diarios.
Limitaciones legales actuales
Actualmente, el artículo 240.2 del Código Penal permite penas de hasta cinco años solo si se demuestra un "quebranto grave". Sin embargo, muchos de estos robos ocurren sin forzar accesos, lo que permite que sean tratados como delitos leves que no conllevan prisión inmediata, salvo en casos de multirreincidencia. La propuesta busca crear un subtipo agravado específico para infraestructuras ferroviarias, con penas que oscilarían entre los dos y seis años de cárcel.
| Indicador | Estado 2026 |
|---|
| Denuncias Adif (Cataluña) | 229 (Ene-Ago) |
| Precio tonelada cobre | ~14.500 USD |
| Situación legal propuesta | Pena de 2 a 6 años |
La creciente sofisticación de los grupos delictivos, que almacenan el material en naves industriales antes de exportarlo, plantea un desafío logístico para las fuerzas de seguridad. La propuesta de las autoridades catalanas pretende cortar de raíz la rentabilidad de estas operaciones mediante una respuesta penal disuasoria.
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