España ha desvelado una nueva estrategia integral para posicionarse como referente europeo en inteligencia artificial. El plan, denominado IA360, propone ambiciosos objetivos que incluyen la creación de una gigafactoría con capacidad para 100.000 chips aceleradores, una inversión de 600 millones de euros para la digitalización de empresas y la integración de asistentes de IA en la administración pública para 2027.
El desafío de la ejecución frente a los precedentes
La propuesta llega seis años después de la primera Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial presentada en 2020. Aquel documento compartía metas similares, como la atracción de talento, la creación de infraestructura y el impulso a la investigación. Sin embargo, el balance actual muestra resultados dispares. Aunque el país cuenta con hitos tecnológicos como el superordenador MareNostrum 5, la adopción de estas tecnologías en el tejido empresarial sigue siendo una asignatura pendiente según los informes de la Comisión Europea.
Situación del modelo soberano y la regulación
El modelo de lenguaje español, ALIA, ha tenido un desarrollo errático desde su presentación en 2025, enfrentando dificultades para consolidarse como una herramienta de uso público masivo. De forma paralela, la agencia AESIA, creada para supervisar el despliegue de la IA, se encuentra actualmente centrada en labores de acompañamiento regulatorio y guías informativas, sin haber ejecutado aún auditorías sobre algoritmos críticos.
El proyecto de gigafactoría como eje central
El punto más destacado es la inversión de 5.000 millones de euros en un centro de datos de alto rendimiento. Aunque el Ejecutivo ya ha movilizado 719 millones a través de la SETT, la viabilidad del proyecto depende de la adjudicación definitiva en la convocatoria europea de EuroHPC. De concretarse, el calendario contempla el inicio de las obras en febrero de 2027, con la meta de estar operativos al año siguiente. Este esfuerzo busca reducir la brecha tecnológica y fomentar una soberanía digital que permita gestionar el impacto laboral de la automatización mediante un nuevo contrato social.
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