España exigirá energía propia a los centros de datos de IA para no subir la luz

España se ha consolidado como un destino estratégico para la infraestructura digital gracias a sus recursos renovables y conectividad. Sin embargo, el auge de los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial ha forzado al Gobierno a establecer nuevas condiciones para evitar que esta expansión impacte en el precio de la electricidad para los consumidores. El nuevo proyecto de Real Decreto impone que estas instalaciones deberán asegurar su propio suministro energético para operar en el territorio nacional.

Requisitos de autoconsumo y correlación horaria

La normativa se centra en los centros de datos con una potencia de acceso de al menos 1 MW. El texto propone que estas infraestructuras cubran el 80% de su consumo mediante autoconsumo renovable o contratos de compra de energía (PPA) ligados a nuevas plantas de generación. Un punto crítico del decreto es la exigencia de correlación horaria, que obliga a que el 80% de la electricidad consumida sea renovable en la misma hora en la que se utiliza, un desafío técnico debido a la intermitencia de fuentes como la solar o la eólica.

El impacto en la red eléctrica y los consumidores

El sector ha manifestado preocupación ante la viabilidad de estas condiciones, argumentando que podrían encarecer o frenar la inversión. Actualmente, Red Eléctrica ha concedido más de 12 GW de capacidad de acceso, una cifra que supera con creces las previsiones de demanda de la Estrategia de IA para 2030. El Gobierno advierte que un crecimiento desordenado podría aumentar la dependencia del gas como energía marginal, lo que elevaría la factura de la luz de todos los hogares, una situación que ya se ha observado en otras regiones como Estados Unidos. El borrador busca proteger al consumidor final garantizando que las denominadas fábricas de IA no supongan un coste adicional para la red pública. Aunque la patronal SpainDC estima que el sector podría movilizar hasta 67.000 millones de euros en la próxima década, las autoridades se mantienen firmes en la necesidad de regular la demanda energética de estos centros para asegurar la estabilidad del sistema eléctrico español.