A 1.750 metros bajo el lecho marino frente a Vinaròs, el almacén de gas Castor permanece sellado e inoperativo, sin haber vendido jamás un solo metro cúbico. A pesar de su inactividad, este proyecto continúa generando gastos millonarios para el Estado y los consumidores españoles. Desde su paralización en 2014, el mantenimiento y las indemnizaciones vinculadas han consolidado una factura que, según diversas estimaciones, se prolongará hasta el año 2044.
La ineficiencia del almacén Castor ha afectado además la operatividad de la Administración, provocando durante años un bloqueo en la gestión de declaraciones de impacto ambiental para otros proyectos industriales. Mientras tanto, el sistema gasista español sigue absorbiendo el coste de una instalación que nació obsoleta y que, tras trece años, sigue siendo una carga económica para los usuarios a través del recibo del gas.
Un proyecto marcado por la sismicidad
El origen del conflicto se remonta a 2013, cuando las pruebas de inyección de gas provocaron más de 400 microseísmos en la zona de Castellón y Tarragona. Estudios posteriores realizados por instituciones como el MIT y Harvard confirmaron la relación directa entre la presión de inyección y la reactivación de una falla cercana. En total, se han registrado más de 1.000 movimientos sísmicos asociados a la infraestructura, lo que llevó a la paralización definitiva de las operaciones.
Impacto financiero y judicial
La gestión del proyecto ha estado rodeada de controversia legal y financiera. Tras un decreto de 2014 que obligaba a compensar a la empresa concesionaria Escal UGS, el Tribunal Constitucional anuló el mecanismo, pero el Tribunal Supremo ratificó posteriormente el pago de 1.350 millones de euros a las entidades bancarias que financiaron la obra. A este gasto inicial se suman los costes de mantenimiento y las tareas de desmantelamiento, las cuales, pese a haber sido anunciadas en múltiples ocasiones, continúan pendientes de completarse en septiembre de 2026.
La ineficiencia del almacén Castor ha afectado además la operatividad de la Administración, provocando durante años un bloqueo en la gestión de declaraciones de impacto ambiental para otros proyectos industriales. Mientras tanto, el sistema gasista español sigue absorbiendo el coste de una instalación que nació obsoleta y que, tras trece años, sigue siendo una carga económica para los usuarios a través del recibo del gas.
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