Sony, Microsoft y Nintendo han confirmado que no realizarán devoluciones económicas a los compradores de sus consolas, a pesar de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos declarara ilegales los aranceles que provocaron la subida de precios en 2025. Los fabricantes sostienen que los usuarios aceptaron el precio en el momento de la compra y recibieron el producto esperado, por lo que no existe un perjuicio legalmente reclamable.
La situación legal se complica ante la acumulación de demandas colectivas. Mientras los consumidores buscan recuperar la parte del precio que fue inflada por los aranceles, las compañías están solicitando a los jueces que desestimen los procesos argumentando que las transacciones fueron voluntarias y basadas en las condiciones de mercado vigentes en aquel momento.
Posturas divergentes en la industria del hardware
La defensa de
Sony y
Microsoft se centra en la validez del precio de mercado. Los abogados de
Sony han señalado que pagar un coste aceptado por bienes de consumo no constituye un daño legal. Por su parte,
Microsoft ha argumentado ante el tribunal que resulta imposible desglosar qué porcentaje del precio final de una consola correspondía específicamente a los aranceles, dado que el coste final depende de múltiples variables económicas y de desarrollo.
Es importante notar que, mientras los gigantes del sector mantienen su postura, empresas de menor escala como Panic, fabricante de la portátil Playdate, han optado por reembolsar la diferencia a sus clientes. Actualmente, ningún juez ha emitido una sentencia definitiva sobre las demandas interpuestas contra
Sony,
Microsoft o Nintendo, manteniendo la batalla legal abierta en los tribunales estadounidenses.
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