Meta pagará 18.000 millones para cerrar causas por impacto en menores

Meta ha alcanzado un acuerdo histórico por 18.000 millones de dólares para cerrar un frente judicial en Estados Unidos centrado en la protección de menores. La compañía, que no admite responsabilidad alguna sobre las acusaciones de diseño adictivo en Facebook e Instagram, ha pactado con fiscales generales para resolver un juicio federal en Oakland que analizaba los efectos de sus plataformas en los usuarios jóvenes.

Nuevas restricciones y límites para adolescentes

El acuerdo establece obligaciones específicas para los usuarios menores de 18 años en las jurisdicciones estadounidenses participantes. Entre los cambios más destacados, las cuentas contarán por defecto con un límite de dos horas diarias, con un bloqueo de acceso entre las 00:00 y las 06:00. Asimismo, las notificaciones serán silenciadas automáticamente en horarios escolares y durante la noche para fomentar un uso más responsable. Las plataformas también introducirán modificaciones en la experiencia de usuario: los adolescentes podrán desactivar los sistemas de recomendación personalizados y el recuento de "me gusta" dejará de ser visible por defecto. Además, los padres obtendrán herramientas mejoradas para supervisar la actividad y las interacciones de sus hijos en las aplicaciones.

Estructura del pago y alcance global

El desembolso de los 18.000 millones de dólares se realizará de forma escalonada. Aproximadamente el 70% del total se abonará mediante pagos anuales durante la próxima década. Unos 5.300 millones adicionales están condicionados a que otras plataformas como TikTok y YouTube adopten medidas de protección similares, vinculando la efectividad del pacto a la industria tecnológica en su conjunto. Es importante señalar que, al ser un acuerdo limitado a jurisdicciones estadounidenses, estas nuevas configuraciones no se aplicarán automáticamente en España ni en otros territorios internacionales. No obstante, la compañía sigue enfrentando escrutinios independientes en Europa, donde la Comisión Europea investiga posibles incumplimientos de la Ley de Servicios Digitales relacionados con el diseño de sus interfaces, lo que mantiene la presión regulatoria sobre la tecnológica a nivel global.