Francia frena el veto a redes sociales para menores: la Constitución lo impide

El Gobierno de Francia ha visto frenada una de sus iniciativas legislativas más ambiciosas: la prohibición de acceso a las redes sociales para menores de 15 años. El Consejo Constitucional francés ha dictaminado que la medida, que pretendía entrar en vigor el próximo 1 de septiembre, es inconstitucional al considerar que vulnera derechos fundamentales y carece de la proporcionalidad necesaria.

Una medida considerada excesiva y desproporcionada

El organismo encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes en el país galo ha señalado que la prohibición planteada era demasiado rígida. Según el dictamen, la ley no establecía distinciones por edad, madurez o situación familiar, impidiendo además que los progenitores pudieran autorizar el acceso si lo consideraban adecuado. Esta falta de flexibilidad, según el tribunal, afecta directamente a la libertad de expresión y no garantiza un equilibrio necesario.

Además de las implicaciones sobre la libertad, el Consejo ha destacado un problema crítico de privacidad. El sistema diseñado para verificar la edad de los menores obligaba a todos los usuarios, incluidos los adultos, a demostrar su identidad digital, lo que contraviene el derecho a la privacidad reconocido históricamente en el país.

Implicaciones para otros países europeos

Este revés jurídico marca un precedente importante para otras naciones europeas, como España, Dinamarca o el Reino Unido, que se encuentran explorando normativas similares para proteger a los menores en el entorno digital. El dictamen francés demuestra las dificultades técnicas y legales de implementar restricciones de acceso que no infrinjan derechos constitucionales básicos.

A pesar de este frenazo, el Ejecutivo francés no abandona el objetivo. El Gobierno ya ha solicitado la preparación de una nueva versión legislativa para la primavera de 2027. Mientras tanto, otras medidas de control, como la prohibición del uso de teléfonos móviles en los institutos a partir del curso 2026-2027, siguen adelante sin cambios, manteniéndose como uno de los pilares de la política educativa del actual mandato.