Aragón aprueba el centro de datos de Blackstone tras una evaluación simplificada

El Gobierno de Aragón ha dado luz verde al Campus Rhodes, el ambicioso proyecto de Blackstone que contempla la construcción de ocho centros de datos en Calatorao, Zaragoza. La infraestructura, cuya inversión asciende a 11.800 millones de euros, contará con una capacidad de 650 MW, consolidando a la comunidad como un hub tecnológico de referencia en Europa.

La polémica ha surgido tras la decisión del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) de autorizar una evaluación ambiental simplificada en lugar del proceso ordinario. Este cambio reduce los tiempos de tramitación de un año a aproximadamente tres meses, permitiendo acelerar el inicio de las obras en una región que ya alberga inversiones masivas de gigantes como Amazon y Microsoft.

Impacto ambiental y controversia

El organismo ambiental justifica esta medida argumentando que el impacto sobre la fauna y la vegetación es limitado. Según el informe, gran parte de los trazados eléctricos necesarios para alimentar el complejo serán subterráneos, lo que minimiza la afectación directa a especies protegidas como el cernícalo primilla. Para mitigar los riesgos durante la fase de construcción, se han impuesto condiciones como la instalación de balizas salvapájaros y la restricción del movimiento de tierras ruidoso fuera del periodo de reproducción del ave.

A pesar de estas medidas, grupos como Ecologistas en Acción han expresado su preocupación, advirtiendo que la celeridad en los permisos reduce la transparencia y el escrutinio público sobre el consumo de recursos críticos como el agua y la energía. La percepción de que estos macroproyectos priorizan el beneficio empresarial sobre el retorno social ha generado fricciones con los vecinos de las zonas afectadas por el uso del Plan de Interés General de Aragón (PIGA).

El desafío logístico y energético es considerable: solo el proyecto de Amazon en la región tiene previsto un consumo de 10.800 GWh anuales. Para afrontar este reto, las compañías están optando por integrar sus propias fuentes de energía renovable, incluyendo plantas fotovoltaicas y sistemas de almacenamiento con baterías, buscando asegurar su autonomía operativa sin comprometer el suministro eléctrico de la comunidad.